Mario Šilar

(... o de cómo la asamblea de 3030 anticapitalistas impulsó una fractura social sin precedentes en la historia de la democracia española)

por Mario Šilar

Senior researcher. Instituto Acton[1]

Al analizar algunos problemas socio-políticos la distancia espacial puede jugar una mala pasada. A veces se simplifican los problemas y se tiende a ver con buenos ojos simplemente aquello que “suena bien”. Además, desde una perspectiva liberal clásica, frente a los casi todopoderosos estados de bienestar europeos contemporáneos, fácilmente se anhela pensar que la escisión y formación de una comunidad política de menores dimensiones haría posible un gobierno limitado, más dinámico, transparente y respetuoso de la sociedad civil. El sentido común también parece impulsar hacia este lado y uno bien puede preguntarse: ¿qué tiene de malo que un grupo de personas quiera votar? Como en muchas cosas de la vida, pues depende de qué sea lo que se quiera decidir por elección popular, qué tipo de mayoría se exige, y, más importante aún, si se han respetado las reglas de juego y procedimientos específicos establecidos al efecto. Nada de ello ha sucedido en Cataluña, y estas proyecciones desiderativas no son el mejor modo de aproximarse al perverso juego escenificado por tirios y troyanos en estos últimos meses.

Sin pretensión de ser exhaustivo, me gustaría ofrecer algunos elementos que se deben tener en cuenta para comprender cómo se fue gestando la situación catalana, centrándome en la génesis más reciente. El hoy anciano y tristemente célebre Jordi Pujol manejó las riendas de la Generalitat de Catalunya durante más de 20 años, al frente de una partido nacionalista conservador, CiU. Fueron los años donde se fue gestando el mito colectivo catalán –se hablaba de soluciones “a la catalana” como sinónimo de eficiencia y pragmatismo, de que “España nos roba”, de que “Catalunya era la locomotora de España”, y que tenía una clase política profesional, transparente y respetuosa del bien común. Como todo mito, se rompió en la mitad. Hoy, el caso Pujol y el clan Pujol-Ferrusola son etiquetas de una organización criminal integrada por abuelos, padres, hijos y nietos de una de las familias más emblemáticas del nacionalismo catalán, que se ha dedicado durante más de tres decenios a generar un entramado de corrupción, blanqueo de capitales, clientelismo y malversación de fondos públicos, cuyas ramificaciones no dejan de sorprender a la opinión pública en España. En julio de 2014, Jordi Pujol reconoció haber ocultado a la Hacienda Pública, millones de euros ubicados en el extranjero, durante más de 34 años. Las “soluciones a la catalana” terminaron siendo el eufemismo de la sociedad “del tres por ciento”, por referencia al porcentaje de sobreprecios que habría teñido casi todas las contrataciones públicas catalanas durante decenios.

Primer acto. Pujol dio un paso al costado en las elecciones del 2003 donde una alianza entre tres partidos de izquierda (el Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana de Catalunya y Iniciativa per Catalunya Verds), posibilitó el paso al gobierno del “tripartito catalán”, que tuvo como principal proyecto la reforma del Estatuto de autonomía. Se iniciaban los años salvajes del buenismo zapaterista donde parecía que todas la contradicciones podrían ser resueltas... sin dejar de ser contradicciones. (No me pregunten cómo, en España se vivía bien, no había crisis y todo parecía posible, todo).

Un Zapatero en precampaña prometió que aprobaría el Estatuto que surgiera del parlamento catalán. Sin embargo, ya siendo Zapatero presidente, en 2005 el Congreso de los Diputados de España rechaza el proyecto de estatuto catalán y empieza una obra de “cepillado y pulido” del Estatuto por parte de los diputados socialistas españoles, que dejan un estatuto muy edulcorado “apto” para su aprobación en el Parlamento español, donde el PSOE gozaba de mayoría. En junio de 2006 se celebra en Catalunya un referéndum por el que se aprueba ese Estatuto, que había sido sometido a poda a fin de pasar la votación en el Congreso de los Diputados en Madrid. Sin embargo, el Partido Popular presenta ese mismo año un recurso ante el Tribunal Constitucional impugnando 114 artículos del Estatuto de Catalunya aprobado en el Congreso de los Diputados y que gozaba del placet del referéndum en Catalunya. Cuatro años después, en junio de 2010 el Tribunal Constitucional declara en su sentencia que 14 artículos del nuevo Estatuto de Autonomía son parcial o totalmente inconstitucionales, señala además el modo en que deben ser interpretados –conforme al dictum del propio Tribunal Constitucional– otros 23 artículos y cuatro disposiciones del documento catalán. Se consideró que el fallo tumbaba de facto el nuevo Estatuto de Autonomía Catalana, ya que dejaba además “sin eficacia jurídica” las referencias del preámbulo donde se definía a Cataluña como nación.

Segundo acto. Para el año 2010 los efectos de la crisis en España son indisimulables y ese mundo de unicornios y arco iris que pintaron los primeros años del zapaterismo se resquebrajó en muy pocos actos. El desgaste socialista y la frustración pasan factura en las elecciones catalanas de noviembre de 2010, donde Artur Mas, el candidato del partido nacionalista CiU llega a la presidencia de la Generalitat, bajo la promesa del impulso de un nuevo pacto fiscal con Madrid, que permitiría salir de la crisis a los Països Catalans. El conservadurismo nacionalista de CiU siempre había jugado la basa de la obtención de beneficios y mayores cuotas de autogobierno a cambio de la “lealtad” a España. La crisis económica, particularmente virulenta en Cataluña y con los escándalos de corrupción golpeando a las puertas del partido de gobieron, CiU, generó que la discusión en torno a un nuevo pacto fiscal adquiriese un nuevo matiz bajo la sombra del soberanismo. En 2011 llega Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno español, con una mayoría absoluta. Con el diálogo estancado, la impopularidad de los recortes y la imposición de límites al déficit impulsan una huida hacia adelante en el gobierno catalán. Nuevas elecciones en 2012 permiten mantener –aunque con el poder algo menguado– la presidencia de la Generalitat a Artur Mas. Se consolida un nuevo mito victimista, tal y como sucedió con el Brexit, se empieza a vender que una supuesta Catalunya independiente nadaría en la abundancia. En 2013 Artur Mas convoca una consulta sobre la independencia de Cataluña para el 9N de 2014. El gobierno español la impugna dos veces y, finalmente, lo que se celebra ese día es un “proceso participativo”, sin ningún valor jurídico y con un índice de participación del 30% sobre el censo catalán. La huida continuó. En el 2015 se convocan nuevas elecciones en Catalunya. Artur Mas propone que en la campaña electoral no se debatan ideas sino que se aborde la elección autonómica de modo plebiscitario, en torno al independentismo. Se forma así una coalición muy surrealista –integrada por partidos políticos con ideologías conservadores nacionalistas, socialdemócratas, progresistas, radicales de izquierda, ecologistas, anticapitalistas y anti-sistema–, con un solo punto en común: el independentismo. Se denomina Junts pel Sí. Eran meses en donde la trama de corrupción en los gobiernos nacionalistas catalanes de la agrupación CiU sacudía los medios de comunicación. Pareciera que Artur Mas y los suyos se abrazaron a la bandera estelada (alguna de ellas) como tapadera de la corrupción indisimulable. La coalición gana en escaños pero no obtiene la mayoría de votos de la ciudadanía (es una peculiaridad del sistema electoral español que permite mayor efectividad en la obtención de escaños a las alianzas electorales). Un partido antisistema –uno de sus motos es que “sin desobediencia no hay independencia”–, la CUP, tiene entonces la llave de la gobernabilidad de Cataluña. En unas semanas dantescas con elecciones asamblearias que parecían un sainete –incluso una tercera elección termina en un singularísimo empate (1515 votos a favor y 1515 en contra de la continuidad de Mas en la presidencia de la Generalitat)–; la CUP logra finalmente imponer dos condiciones para el acuerdo de investidura de un gobierno del Junts pel Sí: 1) que Artur Mas no sea investido presidente del nuevo gobierno y 2) que se celebre un referéndum de independencia en el año 2017. Empieza el ocaso de Artur Mas y de la CiU, que tuvo incluso que cambiar de nombre –ahora se denomina PDECat– en un intento de “refundación” luego de los escándalos de corrupción institucionalizada que asolan a la agrupación. En la actualidad Artur Mas se encuentra inhabilitado por la justicia española por un período de dos años como consecuencia de su desobediencia al Tribunal Constitucional, a raíz de la consulta popular del 9N de 2014. De aquellos barros...

Tercer acto. Un hasta entonces bastante ignoto alcalde de la localidad de Gerona resulta investido presidente de la Generalitat en enero de 2016. En junio de 2017, Carlos Puigdemont convoca de forma unilateral un referéndum de independencia en Catalunya para el 1 de octubre de este año. El gobierno de España considera que el referéndum rompe con el principio de soberanía nacional. Se consuma la huida y se rompen los puentes. La votación de la ley de referéndum en el Parlamento catalán el pasado 6 de septiembre permanecerá en los anales como ejemplo de esperpento y atropello a todas las reglas, disposiciones y reglamentos de un parlamento democrático. La ley de referéndum –que había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2016– se “aprueba” en doce horas, cambiando el orden del día, admitiendo a trámite la ley del referéndum a pesar de que dos letrados del parlamento catalán –ciudadanos catalanes– afirman que el procedimiento es inconstitucional, e incluso se niegan a firmar la orden. Carmen Forcadell –la segunda autoridad a día de hoy del gobierno de Catalunya e imputada por los delitos de prevaricación y desobediencia por crear una Comisión de Estudio de Proceso Constituyente en Catalunya–, quien debería ejercer la presidencia “imparcial” del Parlamento, decide firmar la polémica orden. Ese día, durante el pleno, la presidencia del Parlamento fue juez y parte. Se vota la ley de “desconexión” de España de forma express, dando menos de dos horas a la oposición para la presentación de enmiendas a una norma que suponía derogar de facto el Estatuto de Catalunya. El procedimiento se aprueba con 72 votos, a pesar de que la propia ley catalana establece que el cambio del estatuto exigía una mayoría de dos tercios (90 votos). Además, la documentación no estuvo a disposición de los diputados y los órganos de la cámara con la debida antelación (48 horas). En una palabra: se vulneró el reglamento del parlamento, se pisotearon los derechos de la oposición y se vulneró el propio Estatuto catalán y la Constitución. Todo eso en un solo día.

Cuarto acto. Hacia el primero de octubre. Muchos deseos y anhelos pueden no ser en sí mismos ilegítimos. El deseo de independencia puede ser un caso. Sin embargo, hay deseos que pueden deslegitimarse si los medios utilizados terminan esmerilando esa supuesta legitimidad. Hay cierto consenso ciudadano en que el esperpento del 6 de septiembre en el Parlamento Catalán fue el comienzo del fin del referéndum, algo así como una victoria pírrica. En los días siguientes se sucedieron los pasos del gobierno catalán en la organización de la convocatoria del 1O junto con las acciones casi quirúrgicas –intentando conservar la proporcionalidad– por parte gobierno y la fiscalía, del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad del estado español, para impedirlo. Se han requisado millones de papeletas electorales, las cartas que iban a ser enviadas a los miembros de las mesas electorales, el censo electoral – y la obtención de datos fiscales que presuntamente se habrían vulnerado los derechos de los ciudadanos en la obtención de esta información–, material publicitario para la campaña, se están cerrando los portales web que informan sobre el referéndum, al tiempo que se está actuando sobre el patrimonio de los actores políticos involucrados en actividades presuntamente delictivas (están siendo imputados por malversación de fondos públicos, prevaricación, sedición, etc.).

¿Habrá finalmente referéndum el próximo 1 de octubre? ¿Qué sucederá después? Estas preguntas flotan hoy sobre la ciudadanía española y catalana. Al hilo de las detenciones a funcionarios de segunda línea –no aforados–  de la Generalitat y los diversos reveses que está sufriendo el proceso se han ido produciendo manifestaciones en Catalunya y, con muy escasa convocatoria, en otras ciudades de España. En los últimos días también se han visto algunas manifestaciones de catalanes no independentistas en diversas sedes, como la de la ANC – la Asamblea Nacional Catalana, una asociación civil que suele estar detrás de las movilizaciones pro-independentistas. Otras preguntas que flotan en el aire están relacionadas con la potencial escalada de violencia que pueda generar el actual conflicto político. Existe cierto temor a que la escalada pueda materializarse en episodios de violencia.

Independientemente de cómo se materialicen los acontecimientos la próxima semana (¿habrá urnas? ¿habrá centros habilitados? ¿habrá asistencia ciudadana?, etc.) madura la sospecha de que cualquiera sea el escenario que se produzca, lo que ocurra el primero de octubre no estará revestido de una legitimidad digna de consideración. El pulso ahora se encuentra entre el intento del gobierno español de que la Generalitat anuncie la desconvocatoria del referéndum y el intento del gobierno de la Generalitat por escenificar algo de mediano impacto que le permita salvar las formas.

Entonces, ¿por qué la Generalitat no da marcha atrás y desconvoca el referéndum del próximo 1 de octubre? Difícil saberlo, pero toda la situación tiene un gran parecido con lo que en teoría de juegos se denomina “equilibrio de Nash”: un escenario en el que cada uno de los jugadores considera que ha adoptado su estrategia más efectiva y, además, conoce las estrategias de sus rivales. Los equilibrios de Nash entorpecen la continuidad del juego dado que ningún jugador tiene incentivos suficientes para modificar su estrategia de juego. El equilibrio puede romperse a partir de los jugadores que tengan mayor nivel de incertidumbre en su posición, sea porque han adoptado estrategias más líquidas u opacas o porque están abiertos a modificar sus incentivos si ello les permite generar un nuevo escenario global que les permita mejorar su posición. En este caso, los jugadores más próximos a la ruptura del equilibrio de Nash serían los actores políticos del PSOE –que tiene un claro problema de claridad interna respecto de las facciones más españolistas y otras más pro-secesionistas, que tratan de neutralizar bajo el paraguas de una confusa propuesta federal para España (la alternativa federal no es algo que vaya a apaciguar las posturas independentistas–); y los de Podemos, que están replicando ad intra casi los mismos problemas que manifiesta España a nivel macro, una línea casi independentista y otra más federalista, que tratan de armonizarse bajo el elixir de que “se debe lograr un referendum acordado y con garantías”, que simplemente les permitiría, hoy por hoy, ganar tiempo, aunque sepan que sería ineficaz para resolver el problema de raíz.

Existen algunos indicios que permiten intuir que poco cambiará luego del 1O (salvando que no se produzcan episodios de violencia que lleven la escalada del conflicto a un nivel imprevisible). Por una parte, en una especie de confesión inconsciente, el actual vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras admitió que las acciones de la Guardia Civil están alterando la organización del referéndum. Por otra parte, la Generalitat había decidido dejar de informar a la Hacienda Pública española de sus gastos y como respuesta ha visto sus cuentas intervenidas por el Gobierno central, a fin de evitar que ningún pago de las más de 300 asociaciones y entidades vinculadas al gobierno catalán se utilice para financiar los gastos del referéndum. La Generalitat ha dado marcha atrás y ha vuelto a enviar las certificaciones de los pagos a Hacienda, aunque sus cuentas seguirán intervenidas hasta fin de año, en principio. Por otra parte, la fiscalía presentó denuncias por delitos de sedición como consecuencia de los tumultos generados los días pasados, y el acoso a varios miembros de la guardia civil. Como respuesta, las organizaciones  Omnium cultural y la ANC han desconvocado las protestas en la calle a fin de desmarcarse y evitar posibles nuevas imputaciones. Además, el Tribunal Constitucional estableció multas diarias –de entre 6 mil y 12 mil euros– a cada uno de los miembros de la sindicatura, que era una “Junta electoral” que se había creado en Catalunya, encargada de organizar el referéndum, hasta tanto no revirtieran las instrucciones dadas para su organización. Estas denuncias de la fiscalía llegaron hasta el nº 2, el Secretario General de la vicepresidencia de la Generalitat. La respuesta del gobierno catalán consistió en cesar a esta persona a fin de evitar que se tengan que revertir las órdenes “ilegales” dadas, y en la esperanza de que no tengan que hacer frente a la multa (esto está jurídicamente por definir). Asimismo, se pidió la renuncia a todos los miembros de la Junta electoral, generando la disolución de esta. Si los actores independentistas albergaran una mínima esperanza de desconectarse del estado español pasado el próximo 1O tendrían menos reparos en rectificar acciones a fin de evitar las consecuencias legales emanadas de la justicia española. Pero tal vez el dato más significativo que permite sospechar que los actores políticos independentistas intuyen que el próximo 1O no se producirá una desconexión efectiva del Estado español sea la propuesta de la CUP de celebrar una huelga general en Catalunya el próximo 3 de octubre.

¿Por qué no se da marcha atrás, entonces? Aumentar el pulso, asumiendo que se fracasará, solo puede seguir teniendo sentido en la medida en que se espera, luego del 1O obtener mejores beneficios fiscales, nuevas cuotas de autogobierno y mejoras en la financiación de la Comunidad catalana. Para ello, necesitan generar movilizaciones que canalicen la frustración de parte de la ciudadanía y generen la imagen de que cunde el descontento ciudadano en Catalunya. El viejo “clamor popular” de siempre, manipulado por quienes se arrogan la definición del “pueblo catalán”. Al final, todo parece haberse reducido a cómo seguir aceitando la usina extractiva de recursos económico-financieros en ese múltiple y complejísimo juego de transferencias cruzadas que se observa en el actual estado de las autonomías en España. Como suelen confesar algunos catalanes con algo de sorna: “contra España, se vive mejor”. Mutis por el foro.

 



[1] Una versión abreviada se ha publicado en http://www.libertadyprogresonline.org/2017/09/26/el-neverendum-catalan/.(... o de cómo la asamblea de 3030 anticapitalistas impulsó una fractura social sin precedentes en la historia de la democracia española)

 

por Mario Šilar

Senior researcher. Instituto Acton[1]

 

Al analizar algunos problemas socio-políticos la distancia espacial puede jugar una mala pasada. A veces se simplifican los problemas y se tiende a ver con buenos ojos simplemente aquello que “suena bien”. Además, desde una perspectiva liberal clásica, frente a los casi todopoderosos estados de bienestar europeos contemporáneos, fácilmente se anhela pensar que la escisión y formación de una comunidad política de menores dimensiones haría posible un gobierno limitado, más dinámico, transparente y respetuoso de la sociedad civil. El sentido común también parece impulsar hacia este lado y uno bien puede preguntarse: ¿qué tiene de malo que un grupo de personas quiera votar? Como en muchas cosas de la vida, pues depende de qué sea lo que se quiera decidir por elección popular, qué tipo de mayoría se exige, y, más importante aún, si se han respetado las reglas de juego y procedimientos específicos establecidos al efecto. Nada de ello ha sucedido en Cataluña, y estas proyecciones desiderativas no son el mejor modo de aproximarse al perverso juego escenificado por tirios y troyanos en estos últimos meses.

Sin pretensión de ser exhaustivo, me gustaría ofrecer algunos elementos que se deben tener en cuenta para comprender cómo se fue gestando la situación catalana, centrándome en la génesis más reciente. El hoy anciano y tristemente célebre Jordi Pujol manejó las riendas de la Generalitat de Catalunya durante más de 20 años, al frente de una partido nacionalista conservador, CiU. Fueron los años donde se fue gestando el mito colectivo catalán –se hablaba de soluciones “a la catalana” como sinónimo de eficiencia y pragmatismo, de que “España nos roba”, de que “Catalunya era la locomotora de España”, y que tenía una clase política profesional, transparente y respetuosa del bien común. Como todo mito, se rompió en la mitad. Hoy, el caso Pujol y el clan Pujol-Ferrusola son etiquetas de una organización criminal integrada por abuelos, padres, hijos y nietos de una de las familias más emblemáticas del nacionalismo catalán, que se ha dedicado durante más de tres decenios a generar un entramado de corrupción, blanqueo de capitales, clientelismo y malversación de fondos públicos, cuyas ramificaciones no dejan de sorprender a la opinión pública en España. En julio de 2014, Jordi Pujol reconoció haber ocultado a la Hacienda Pública, millones de euros ubicados en el extranjero, durante más de 34 años. Las “soluciones a la catalana” terminaron siendo el eufemismo de la sociedad “del tres por ciento”, por referencia al porcentaje de sobreprecios que habría teñido casi todas las contrataciones públicas catalanas durante decenios.

Primer acto. Pujol dio un paso al costado en las elecciones del 2003 donde una alianza entre tres partidos de izquierda (el Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana de Catalunya y Iniciativa per Catalunya Verds), posibilitó el paso al gobierno del “tripartito catalán”, que tuvo como principal proyecto la reforma del Estatuto de autonomía. Se iniciaban los años salvajes del buenismo zapaterista donde parecía que todas la contradicciones podrían ser resueltas... sin dejar de ser contradicciones. (No me pregunten cómo, en España se vivía bien, no había crisis y todo parecía posible, todo).

Un Zapatero en precampaña prometió que aprobaría el Estatuto que surgiera del parlamento catalán. Sin embargo, ya siendo Zapatero presidente, en 2005 el Congreso de los Diputados de España rechaza el proyecto de estatuto catalán y empieza una obra de “cepillado y pulido” del Estatuto por parte de los diputados socialistas españoles, que dejan un estatuto muy edulcorado “apto” para su aprobación en el Parlamento español, donde el PSOE gozaba de mayoría. En junio de 2006 se celebra en Catalunya un referéndum por el que se aprueba ese Estatuto, que había sido sometido a poda a fin de pasar la votación en el Congreso de los Diputados en Madrid. Sin embargo, el Partido Popular presenta ese mismo año un recurso ante el Tribunal Constitucional impugnando 114 artículos del Estatuto de Catalunya aprobado en el Congreso de los Diputados y que gozaba del placet del referéndum en Catalunya. Cuatro años después, en junio de 2010 el Tribunal Constitucional declara en su sentencia que 14 artículos del nuevo Estatuto de Autonomía son parcial o totalmente inconstitucionales, señala además el modo en que deben ser interpretados –conforme al dictum del propio Tribunal Constitucional– otros 23 artículos y cuatro disposiciones del documento catalán. Se consideró que el fallo tumbaba de facto el nuevo Estatuto de Autonomía Catalana, ya que dejaba además “sin eficacia jurídica” las referencias del preámbulo donde se definía a Cataluña como nación.

Segundo acto. Para el año 2010 los efectos de la crisis en España son indisimulables y ese mundo de unicornios y arco iris que pintaron los primeros años del zapaterismo se resquebrajó en muy pocos actos. El desgaste socialista y la frustración pasan factura en las elecciones catalanas de noviembre de 2010, donde Artur Mas, el candidato del partido nacionalista CiU llega a la presidencia de la Generalitat, bajo la promesa del impulso de un nuevo pacto fiscal con Madrid, que permitiría salir de la crisis a los Països Catalans. El conservadurismo nacionalista de CiU siempre había jugado la basa de la obtención de beneficios y mayores cuotas de autogobierno a cambio de la “lealtad” a España. La crisis económica, particularmente virulenta en Cataluña y con los escándalos de corrupción golpeando a las puertas del partido de gobieron, CiU, generó que la discusión en torno a un nuevo pacto fiscal adquiriese un nuevo matiz bajo la sombra del soberanismo. En 2011 llega Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno español, con una mayoría absoluta. Con el diálogo estancado, la impopularidad de los recortes y la imposición de límites al déficit impulsan una huida hacia adelante en el gobierno catalán. Nuevas elecciones en 2012 permiten mantener –aunque con el poder algo menguado– la presidencia de la Generalitat a Artur Mas. Se consolida un nuevo mito victimista, tal y como sucedió con el Brexit, se empieza a vender que una supuesta Catalunya independiente nadaría en la abundancia. En 2013 Artur Mas convoca una consulta sobre la independencia de Cataluña para el 9N de 2014. El gobierno español la impugna dos veces y, finalmente, lo que se celebra ese día es un “proceso participativo”, sin ningún valor jurídico y con un índice de participación del 30% sobre el censo catalán. La huida continuó. En el 2015 se convocan nuevas elecciones en Catalunya. Artur Mas propone que en la campaña electoral no se debatan ideas sino que se aborde la elección autonómica de modo plebiscitario, en torno al independentismo. Se forma así una coalición muy surrealista –integrada por partidos políticos con ideologías conservadores nacionalistas, socialdemócratas, progresistas, radicales de izquierda, ecologistas, anticapitalistas y anti-sistema–, con un solo punto en común: el independentismo. Se denomina Junts pel Sí. Eran meses en donde la trama de corrupción en los gobiernos nacionalistas catalanes de la agrupación CiU sacudía los medios de comunicación. Pareciera que Artur Mas y los suyos se abrazaron a la bandera estelada (alguna de ellas) como tapadera de la corrupción indisimulable. La coalición gana en escaños pero no obtiene la mayoría de votos de la ciudadanía (es una peculiaridad del sistema electoral español que permite mayor efectividad en la obtención de escaños a las alianzas electorales). Un partido antisistema –uno de sus motos es que “sin desobediencia no hay independencia”–, la CUP, tiene entonces la llave de la gobernabilidad de Cataluña. En unas semanas dantescas con elecciones asamblearias que parecían un sainete –incluso una tercera elección termina en un singularísimo empate (1515 votos a favor y 1515 en contra de la continuidad de Mas en la presidencia de la Generalitat)–; la CUP logra finalmente imponer dos condiciones para el acuerdo de investidura de un gobierno del Junts pel Sí: 1) que Artur Mas no sea investido presidente del nuevo gobierno y 2) que se celebre un referéndum de independencia en el año 2017. Empieza el ocaso de Artur Mas y de la CiU, que tuvo incluso que cambiar de nombre –ahora se denomina PDECat– en un intento de “refundación” luego de los escándalos de corrupción institucionalizada que asolan a la agrupación. En la actualidad Artur Mas se encuentra inhabilitado por la justicia española por un período de dos años como consecuencia de su desobediencia al Tribunal Constitucional, a raíz de la consulta popular del 9N de 2014. De aquellos barros...

Tercer acto. Un hasta entonces bastante ignoto alcalde de la localidad de Gerona resulta investido presidente de la Generalitat en enero de 2016. En junio de 2017, Carlos Puigdemont convoca de forma unilateral un referéndum de independencia en Catalunya para el 1 de octubre de este año. El gobierno de España considera que el referéndum rompe con el principio de soberanía nacional. Se consuma la huida y se rompen los puentes. La votación de la ley de referéndum en el Parlamento catalán el pasado 6 de septiembre permanecerá en los anales como ejemplo de esperpento y atropello a todas las reglas, disposiciones y reglamentos de un parlamento democrático. La ley de referéndum –que había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2016– se “aprueba” en doce horas, cambiando el orden del día, admitiendo a trámite la ley del referéndum a pesar de que dos letrados del parlamento catalán –ciudadanos catalanes– afirman que el procedimiento es inconstitucional, e incluso se niegan a firmar la orden. Carmen Forcadell –la segunda autoridad a día de hoy del gobierno de Catalunya e imputada por los delitos de prevaricación y desobediencia por crear una Comisión de Estudio de Proceso Constituyente en Catalunya–, quien debería ejercer la presidencia “imparcial” del Parlamento, decide firmar la polémica orden. Ese día, durante el pleno, la presidencia del Parlamento fue juez y parte. Se vota la ley de “desconexión” de España de forma express, dando menos de dos horas a la oposición para la presentación de enmiendas a una norma que suponía derogar de facto el Estatuto de Catalunya. El procedimiento se aprueba con 72 votos, a pesar de que la propia ley catalana establece que el cambio del estatuto exigía una mayoría de dos tercios (90 votos). Además, la documentación no estuvo a disposición de los diputados y los órganos de la cámara con la debida antelación (48 horas). En una palabra: se vulneró el reglamento del parlamento, se pisotearon los derechos de la oposición y se vulneró el propio Estatuto catalán y la Constitución. Todo eso en un solo día.

Cuarto acto. Hacia el primero de octubre. Muchos deseos y anhelos pueden no ser en sí mismos ilegítimos. El deseo de independencia puede ser un caso. Sin embargo, hay deseos que pueden deslegitimarse si los medios utilizados terminan esmerilando esa supuesta legitimidad. Hay cierto consenso ciudadano en que el esperpento del 6 de septiembre en el Parlamento Catalán fue el comienzo del fin del referéndum, algo así como una victoria pírrica. En los días siguientes se sucedieron los pasos del gobierno catalán en la organización de la convocatoria del 1O junto con las acciones casi quirúrgicas –intentando conservar la proporcionalidad– por parte gobierno y la fiscalía, del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad del estado español, para impedirlo. Se han requisado millones de papeletas electorales, las cartas que iban a ser enviadas a los miembros de las mesas electorales, el censo electoral – y la obtención de datos fiscales que presuntamente se habrían vulnerado los derechos de los ciudadanos en la obtención de esta información–, material publicitario para la campaña, se están cerrando los portales web que informan sobre el referéndum, al tiempo que se está actuando sobre el patrimonio de los actores políticos involucrados en actividades presuntamente delictivas (están siendo imputados por malversación de fondos públicos, prevaricación, sedición, etc.).

¿Habrá finalmente referéndum el próximo 1 de octubre? ¿Qué sucederá después? Estas preguntas flotan hoy sobre la ciudadanía española y catalana. Al hilo de las detenciones a funcionarios de segunda línea –no aforados–  de la Generalitat y los diversos reveses que está sufriendo el proceso se han ido produciendo manifestaciones en Catalunya y, con muy escasa convocatoria, en otras ciudades de España. En los últimos días también se han visto algunas manifestaciones de catalanes no independentistas en diversas sedes, como la de la ANC – la Asamblea Nacional Catalana, una asociación civil que suele estar detrás de las movilizaciones pro-independentistas. Otras preguntas que flotan en el aire están relacionadas con la potencial escalada de violencia que pueda generar el actual conflicto político. Existe cierto temor a que la escalada pueda materializarse en episodios de violencia.

Independientemente de cómo se materialicen los acontecimientos la próxima semana (¿habrá urnas? ¿habrá centros habilitados? ¿habrá asistencia ciudadana?, etc.) madura la sospecha de que cualquiera sea el escenario que se produzca, lo que ocurra el primero de octubre no estará revestido de una legitimidad digna de consideración. El pulso ahora se encuentra entre el intento del gobierno español de que la Generalitat anuncie la desconvocatoria del referéndum y el intento del gobierno de la Generalitat por escenificar algo de mediano impacto que le permita salvar las formas.

Entonces, ¿por qué la Generalitat no da marcha atrás y desconvoca el referéndum del próximo 1 de octubre? Difícil saberlo, pero toda la situación tiene un gran parecido con lo que en teoría de juegos se denomina “equilibrio de Nash”: un escenario en el que cada uno de los jugadores considera que ha adoptado su estrategia más efectiva y, además, conoce las estrategias de sus rivales. Los equilibrios de Nash entorpecen la continuidad del juego dado que ningún jugador tiene incentivos suficientes para modificar su estrategia de juego. El equilibrio puede romperse a partir de los jugadores que tengan mayor nivel de incertidumbre en su posición, sea porque han adoptado estrategias más líquidas u opacas o porque están abiertos a modificar sus incentivos si ello les permite generar un nuevo escenario global que les permita mejorar su posición. En este caso, los jugadores más próximos a la ruptura del equilibrio de Nash serían los actores políticos del PSOE –que tiene un claro problema de claridad interna respecto de las facciones más españolistas y otras más pro-secesionistas, que tratan de neutralizar bajo el paraguas de una confusa propuesta federal para España (la alternativa federal no es algo que vaya a apaciguar las posturas independentistas–); y los de Podemos, que están replicando ad intra casi los mismos problemas que manifiesta España a nivel macro, una línea casi independentista y otra más federalista, que tratan de armonizarse bajo el elixir de que “se debe lograr un referendum acordado y con garantías”, que simplemente les permitiría, hoy por hoy, ganar tiempo, aunque sepan que sería ineficaz para resolver el problema de raíz.

Existen algunos indicios que permiten intuir que poco cambiará luego del 1O (salvando que no se produzcan episodios de violencia que lleven la escalada del conflicto a un nivel imprevisible). Por una parte, en una especie de confesión inconsciente, el actual vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras admitió que las acciones de la Guardia Civil están alterando la organización del referéndum. Por otra parte, la Generalitat había decidido dejar de informar a la Hacienda Pública española de sus gastos y como respuesta ha visto sus cuentas intervenidas por el Gobierno central, a fin de evitar que ningún pago de las más de 300 asociaciones y entidades vinculadas al gobierno catalán se utilice para financiar los gastos del referéndum. La Generalitat ha dado marcha atrás y ha vuelto a enviar las certificaciones de los pagos a Hacienda, aunque sus cuentas seguirán intervenidas hasta fin de año, en principio. Por otra parte, la fiscalía presentó denuncias por delitos de sedición como consecuencia de los tumultos generados los días pasados, y el acoso a varios miembros de la guardia civil. Como respuesta, las organizaciones  Omnium cultural y la ANC han desconvocado las protestas en la calle a fin de desmarcarse y evitar posibles nuevas imputaciones. Además, el Tribunal Constitucional estableció multas diarias –de entre 6 mil y 12 mil euros– a cada uno de los miembros de la sindicatura, que era una “Junta electoral” que se había creado en Catalunya, encargada de organizar el referéndum, hasta tanto no revirtieran las instrucciones dadas para su organización. Estas denuncias de la fiscalía llegaron hasta el nº 2, el Secretario General de la vicepresidencia de la Generalitat. La respuesta del gobierno catalán consistió en cesar a esta persona a fin de evitar que se tengan que revertir las órdenes “ilegales” dadas, y en la esperanza de que no tengan que hacer frente a la multa (esto está jurídicamente por definir). Asimismo, se pidió la renuncia a todos los miembros de la Junta electoral, generando la disolución de esta. Si los actores independentistas albergaran una mínima esperanza de desconectarse del estado español pasado el próximo 1O tendrían menos reparos en rectificar acciones a fin de evitar las consecuencias legales emanadas de la justicia española. Pero tal vez el dato más significativo que permite sospechar que los actores políticos independentistas intuyen que el próximo 1O no se producirá una desconexión efectiva del Estado español sea la propuesta de la CUP de celebrar una huelga general en Catalunya el próximo 3 de octubre.

¿Por qué no se da marcha atrás, entonces? Aumentar el pulso, asumiendo que se fracasará, solo puede seguir teniendo sentido en la medida en que se espera, luego del 1O obtener mejores beneficios fiscales, nuevas cuotas de autogobierno y mejoras en la financiación de la Comunidad catalana. Para ello, necesitan generar movilizaciones que canalicen la frustración de parte de la ciudadanía y generen la imagen de que cunde el descontento ciudadano en Catalunya. El viejo “clamor popular” de siempre, manipulado por quienes se arrogan la definición del “pueblo catalán”. Al final, todo parece haberse reducido a cómo seguir aceitando la usina extractiva de recursos económico-financieros en ese múltiple y complejísimo juego de transferencias cruzadas que se observa en el actual estado de las autonomías en España. Como suelen confesar algunos catalanes con algo de sorna: “contra España, se vive mejor”. Mutis por el foro.